“Bancarización”: el riesgo autoritario


"El proyecto de ley de inclusión financiera pone de manifiesto una forma de entender la praxis política extremadamente peligrosa para el futuro de la izquierda"

Capítulo V

Además de los lugares comunes sobre la necesidad de la bancarización, la mayoría inconsistentes, y más que inconsistentes, cínicos, el discurso con el que se argumenta la necesidad del proyecto de ley denominado de “inclusión financiera” puede sintetizarse, según sus autores, en lo siguiente: modificar lo que designan como un “Statu Quo” que no ha permitido la expansión de los medios electrónicos de pago y la penetración del sistema financiero en los sectores de bajos recursos de la sociedad.

Para desacreditar a los actores del sistema no financiero que se desenvuelven en el sector del crédito al consumo señalan que los mismos cobran “tasas de interés de usura”. Otros argumentos más sofisticados señalan que hay individuos del sistema cooperativo que usan cadenas de oro...

Las cooperativas de ahorro y crédito y de consumo no sólo no cobran intereses de usura sino que además son los únicos actores del mercado que no ejecutan bienes de sus deudores cuando estos ingresan en mora, porque el contrato que los liga no es comercial, sino que se establece una relación entre iguales, a través del acto cooperativo.

En el Uruguay ninguna empresa, ni siquiera las de intermediación financiera puede cobrar tasas de interés o por mora de usura porque están regulados y muy bien regulados por la ley 18212 que establece sanciones en la Justicia Civil e incluso en la Penal.

Lo que ocurre con los inteligentes redactores del proyecto de ley de inclusión financiera cuando analizan los números del sistema es que no contabilizan lo que los socios de las cooperativas obtienen en servicios.

Luego, los redactores del proyecto de ley de bancarización no toman en consideración, cuando en el mismo disponen beneficiar a los bancos privados de capitales multinacionales, que ningún banco, ni siquiera el República, (del Estado) otorga créditos a ciudadanos mayores de setenta años y mucho menos a ciudadanos que fueron inscriptos en el “clearing” por haberse atrasado en el pago de un préstamo tomado con cualquier operador.

Las cooperativas de ahorro y crédito lo hacen porque toman en consideración lo que el socio, no el cliente, el socio, ha aportado durante años. Es decir, los bancos privados tienen un acuerdo entre ellos por el cual ninguno concede préstamos, ni siquiera cuando el ciudadano necesita el mismo por ejemplo para adquirir un medicamento, cuando un sujeto ha sido enviado al “clearing”.

Los Bancos privados disponen por la naturaleza de su negocio, la muerte jurídica de todo ciudadano que no ha podido abonar un crédito.

La relación de los socios con la cooperativa es una relación humana, directa, personalizada. El socio puede discutir, puede ir a la Asamblea y exigir que la institución se mueva en una u otra dirección, cosa que naturalmente no puede hacer un cliente de ningún banco privado ni público.

Por otra parte y para ir rápido a un tema de fondo de enorme relevancia político cultural conviene recordarle a los que promueven el proyecto de bancarización que el negocio de los prestadores de crédito mediante el uso de tarjetas se incrementa muy significativamente por el porcentaje que obtienen en los retrasos en el pago de las cuotas por parte de los usuarios.

¿Y quiénes son los usuarios más propensos a tener dificultades para pagar en fecha un crédito o para usar la tarjeta como un mero sustituto del dinero contado?

Claro, los sectores a los que los promotores de la iniciativa dicen querer beneficiar.

Pero en estos apuntes (capítulo V de la serie) nos vamos a concentrar en lo que desde el punto de vista político es esencial.

¿Es necesario advertir que “Statu quo” para los diseñadores del proyecto es todo aquello que no pertenece a la esfera de sus amigos?

Es decir, el problema de esta argumentación tan elaborada es el siguiente: ¿quién y por qué define qué y quíenes conforman un statu quo?

Me parece que alguna gente sana no está comprendiendo la enormidad de los riesgos de aplicación en la práctica política de la suerte de subjetivismo “fascistoide” que entraña esta lógica de pretender establecer desde el poder a qué personas y grupos que compiten en los mercados se las beneficia y a cuales se las perjudica, porque esa lógica inexorablemente termina en el autoritarismo.

Una cosa es el establecimiento de reglas de juego claras para el funcionamiento de los mercados y la sociedad civil, y otra, muy distinta, es utilizar al aparato del Estado para violentar la capacidad de autonomía de los individuos y los actores sociales.

Una cosa es contribuir a formalizar la economía para hacerla más transparente y otra muy distinta es utilizar ese discurso para promover tejidos de tipo prebendario, amiguista, mafioso.

Me parece que hay gente seria que no está comprendiendo la gravedad de la aplicación de esa metodología que construye a un “otro” diferente al que hay que aplastar utilizando instituciones del Estado para ello.

El proyecto de ley de inclusión financiera pone de manifiesto una forma de entender la praxis política extremadamente peligrosa para el futuro de la izquierda.

Demos por bueno de todos modos, que como vimos no lo es, que lo que el proyecto pretende es modificar un “statu quo”. Supongamos que a los autores de la iniciativa les perturba que ANDA tenga por una ley que tiene décadas algunos beneficios que consideran excesivos. Pues bien, en ese caso en los hechos el proyecto elimina de un plumazo un “statu quo” y crea otro, pero ahora empoderando a la banca privada de capitales multinacionales.

Como se ampliará más adelante, además de que son capital social nacional, son mil veces mejores para los consumidores las cooperativas de ahorro y crédito a cuyos titulares si no me gustan puedo cambiarlos en elecciones que los bancos privados de capitales multinacionales sobre cuyas decisiones no tiene un país pequeño casi ninguna influencia. 

¿O los inteligentes que elaboraron el proyecto de bancarización creen que son tontos los miles y miles de socios que han sostenido las cooperativas durante décadas?

Bueno sería que compartieran con los seres humanos más vulnerables de la sociedad (a los que ellos únicamente de vez en vez encuentran en las plazas de la Ciudad Vieja) el orgullo con que hablan de SUS cooperativas cuando éstas los han ayudado no una sino muchas veces a salir de situaciones graves, a obtener un crédito para deshacerse de deudas por encima de sus posibilidades cuando arrastrados por la fiebre consumista se endeudaron en demasía o a compartir una mesa navideña digna con sus familiares, o a recibir tratamientos odontológicos de calidad que de otra manera no podrían pagar.

Pero la demostración más contundente de que los lúcidos impulsores del proyecto de bancarización denominan “statu quo” a todo aquel individuo o grupo de individuos que no responden a sus ideas e intereses y que pretenden utilizar esta ley e instituciones del Estado para desplazarlos y quedarse ellos en el lugar de los desplazados es que en un par de cooperativas de consumo y de crédito que controlan amigos de ellos, los directivos fueron como interventores, no eran socios de las cooperativas, se aliaron con un edil de Vamos Uruguay( ver nota 2), modificaron los estatutos en una asamblea de delegados, (no de socios) y ahora cobran 270 mil pesos por mes y contratan amigos, algunos que antes estaban en el Instituto Nacional de Cooperativismo, donde los habían contratado a ellos como asesores...

Devolución de favores en lógica clientelar.

Esos amigos de los autores intelectuales del proyecto además falsificaron firmas para tratar de ocupar cargos en la directiva de la Cooperativa Bancaria y deciden la venta de patrimonio del Club de Empleados de ANCAP en una asamblea con cincuenta personas…

A este tipo de proceder los autores de la ley de Bancarización los protegen a través de la Auditoría Interna de la Nación. Ellos no son “statu quo”.

¿Cómo puede alguien luego, confiar en que no utilizarán el poder que conceden graciosamente a la banca privada de capitales multinacionales para fines propios del interés de ellos, y no de la nación ni de los sectores vulnerables de la población a los que cínicamente (no hay que dejar de subrayar esto) dicen querer “incluir” financieramente con este proyecto?

Una belleza de acción transformadora de izquierda… estalinista.

A mi modo de entender la política esto no es modificar un “statu quo”, es conformar facciones serviles mediante favores clientelares que termina propiciando la emergencia de grupos de poder apalancados por instituciones del Estado y que por tanto, a mediano plazo, se convierten en parasitarios.

Intervienen en conflictos o escenarios de competencia entre privados operando a favor de unos y en contra de otros según criterios subjetivos en el mejor de los casos, según procedimientos de tipo mafioso en otros. Crean una oligarquía burocrática, eso sí, a su servicio.

Y hay que gente que avala estos procedimientos, pero luego crítica severamente por ejemplo al kirchnerismo, de suerte que hay algo neurótico en su manera de pensar y proceder. En caso contrario se trata, como yo creo que se trata, de una mentalidad cínica, una mentalidad política de gravísimas consecuencias para el proyecto de transformación de la sociedad.

Reitero, hay gente sana que me parece que no comprende la dimensión de este problema.

La lógica amiguista o facciosa amparada en un presunto enfrentamiento a un “statu quo” que implementan, frecuentemente además con un discurso “renovador”, lo que la hace más cínica todavía, entraña un problema de enorme gravedad sobre el que la izquierda no ha meditado suficientemente.

No sólo se conceden ellos la capacidad de decidir a quienes benefician y a quien perjudican, sino que lo hacen a espaldas del resto de los integrantes del mismo partido que integran. Es decir, lo hacen para construir poder en contra de los otros sectores del partido que integran.

Vamos a suponer que por alguna razón de Estado realmente relevante en algún tema en particular el gobierno tiene que tomar una decisión que favorece a un actor y perjudica a otro. ¿Puede tomarse una decisión de ese tipo sin que formen parte del proceso de toma de decisión los principales referentes del partido político?

En el capítulo cuatro de esta serie de notas sobre la bancarización se escribió lo siguiente:
“De suerte que si por ejemplo un grupo de tecnócratas estresado decide durante unos meses irse de juerga a locales de “strippers” nocturnos y el infortunado a cargo de pagar la cuenta de entre ellos habiéndose quedado sin dinero contado paga con tarjeta de crédito la DGI puede hacer un perfil de consumo del “bohemio” y algún personaje o grupo de personajes de matriz estalinista puede luego usar esa información contra alguien a quien por la razón que fuera desea demonizar o perjudicar.
Al estilo de lo que pretendieron hacer con Paco Casal al que le inventaron una deuda para poder extorsionarlo a efectos de sacarlo del mercado de la televisación del fútbol, que empresarialmente él desarrolló (nos agrade o no su estilo, aunque cada vez que ha tenido que tomar decisiones políticas lo ha hecho en un sentido de clase a favor de los postergados de la sociedad, que es de donde viene) para dárselo al grupo Clarín”…

Esta frase se escribió para ampliarla ahora con una anécdota. Lo mismo que hicieron con Paco Casal hicieron con otras cuantas personas y empresas, algunas no tan fuertes como para contratar a los mejores abogados.

En una ocasión, increpado por esta manera de actuar, uno de los inteligentes redactores del proyecto de “inclusión financiera” señaló que con una intervención ilegal y abusiva de una institución del Estado lo que pretendían era “darle un escarmiento” a uno de los responsables de la institución contra la que se actuaba.

¿Consultó la autoridad de que se trata con el Presidente de la República si el gobierno respaldaba esa práctica de tipo mafioso antes de decidir esa acción?

¿Y qué autoridad tiene alguien que se desempeña en un gobierno de izquierda para decidir por razones subjetivas, con base en rumores que benefician a quien los lanza en el descrédito de un competidor, a decidir “darle un escarmiento” a una persona o institución?

¿Ellos son la Justicia?

Ampliemos el razonamiento. Vamos a suponer que se decide desplazar a Paco Casal del fútbol uruguayo porque alguien demuestra que se está convirtiendo en un obstáculo para el desarrollo del Uruguay y lo demuestra contundentemente, entonces esa decisión la tiene que tomar todo el gobierno como una cuestión de Estado, no una parte, no un ministerio por poderoso que sea, pues en caso contrario nadie dejará de considerar que lo hace para obtener un beneficio particular. En el caso que nos ocupa querían darle el fútbol a Clarín…

Lo voy a expresar con toda claridad. Si la izquierda no le pone límites a este tipo de conductas, que están detrás de la mentalidad que luego conduce a la grosería de esta ley de bancarización, inicia el proceso de su irremediable descomposición ética.

Hay aún otra grotesca falsedad en el discurso de quienes promueven el proyecto de bancarización y es el vinculado a que va a facilitar las cosas a las pequeñas empresas, cuando en ningún país del mundo banco privado alguno ha contribuido al desarrollo de las pymes, porque para respaldar y facilitar las cosas a ese tipo de emprendimientos hay que embarrase los pies. De suerte que únicamente instituciones creadas con ese fin con técnicos dispuestos a involucrarse en los procesos, y no con burócratas de escritorio se puede contribuir al impulso del emprendedurismo de pequeña escala. Proyectos de esa naturaleza fueron boicoteados por integrantes del equipo económico con el argumento de que no contaban con recursos suficientes para respaldarlos en el tiempo. Esto no quiere decir, naturalmente, que el acceso a medios electrónicos de pago y a cuentas de ahorro no facilite la calidad de gestión de las pequeñas empresas y de cualquier persona.

El asunto es a qué grupos favorece y a cuales perjudica este proyecto de ley de bancarización.

Este proyecto de ley obliga a las cooperativas a bancarizarse. A prepo. Obliga en realidad a todos los actores del sistema, desde las redes de pago hasta las cooperativas de consumo a asociarse con Bancos. Dispone por ley que el sistema financiero ocupe el centro del modelo de expansión de los medios electrónicos de pago y la extensión de las cuentas de ahorro o administración de salarios y pasividades.
Y no es precisamente por haraganes (ya que están ahí hagamos fácil las cosas para que ocupen todo el mercado -¿y si invierten para ello?-) sino por una decisión política de favorecer a los bancos privados de capitales multinacionales con el argumento de “modificar un statu quo”…

Por estas y otras razones en fin, no se si no me molesta más todavía la práctica amiguista facciosa de los autores del proyecto o que tomen a la sociedad por tonta.

Nota 1: Finalmente y en respuesta a algunos lectores que han interpretado esta serie de notas como dirigidas contra el Frente Líber Seregni es muy relevante para mí señalar que el problema no es con el Frente Líber Seregni como construcción político – cultural, mucho menos contra su conductor, Danilo Astori,(pues quiero creer que no está al tanto de los desbordes de algunos de sus lugartenientes) mi inquietud cada vez más acentuada es contra un grupo sí importante en la toma de decisiones del FLS al que el poder ha degradado gravemente desde el punto de vista ético como consecuencia de una mentalidad de matriz estalinista que puesta en lugares de toma de decisión puede hacer un daño irreparable al original proyecto de transformación de la sociedad denominado Frente Amplio.
Es muy importante entender que todas las prácticas totalitarias comienzan así: un grupo de gente se atribuye la aptitud de decidir utilizando instrumentos del Estado a quien se beneficia y a quien se perjudica en la sociedad, no en un sentido de clase, sino en un sentido de facción.
Porque a los trabajadores no los favorece este proyecto de ley tal y como fue remitido al Poder Legislativo. Eso es seguro.

Nota 2: La apreciación sobre el aliado “pedrista” (de Vamos Uruguay) se realiza porque ellos se atribuyen la capacidad de tomar decisiones sobre a quienes perjudicar y a quienes beneficiar según criterios tan relevantes como a qué partido votó un individuo pero luego no son tan severos ideológicamente cuando realizan acuerdos de negocios.

(Según cómo evolucione el debate parlamentario de la ley volveremos o no a este debate, mientras tanto es hora de retornar a las cuestiones vinculadas al marco conceptual del proceso de transformación de la sociedad que se investiga en el cuerpo central de estos apuntes titulados “Los desafíos de la izquierda de América del Sur en el Siglo XXI, El Uruguay como modelo”) 

Gerardo Bleier

"Bancarización": lo que está en juego


Capítulo IV

Toda vez que un partido de izquierda impulsa reformas modernizadoras pone en juego por un lado el modelo de desarrollo y por otro el sentido de clase de las transformaciones.

Como siempre en la democracia, cada vez que se impulsa una transformación profunda también se decide sobre la manera en que se distribuye y administra el poder.

La dialéctica modernización capitalista (imprescindible para no quedar fuera del crecimiento económico) y consolidación de proyecto nacional de desarrollo que asegure la supervivencia de la nación es en la globalización el desafío principal de todo proceso de transformación de la sociedad.

El proyecto de ley cínicamente denominado de “inclusión financiera” que analiza el Parlamento uruguayo todavía pone en juego otro dilema: el conflicto entre las necesidades de financiación de los Estados (la lucha contra la evasión y la informalidad en la economía) y la libertad de las personas.

Y los autores del proyecto querían votarlo poco menos que sobre tablas, como se dice en la jerga parlamentaria cuando se pretende sancionar sin discusión una ley. ¿Por qué están tan apurados?

Escribo estos apuntes el lunes a las siete de la mañana. En un rato comenzarán a retornar al trabajo desde sus casas de veraneo en las hermosas playas del este uruguayo o desde sus estancias cada más extensas en Cerro Largo los pequeño (o ya no tan pequeño) burgueses promotores de la ley de bancarización que favorece a la banca privada internacional y en particular por su posición en el mercado del crédito al consumo y los recursos con que cuenta al Nuevo Banco Comercial. Podemos continuar el debate.

Lo que la izquierda uruguaya debe decidir esencialmente en relación al proyecto de bancarización es si favorece a banqueros y bancarios o a los sectores de la sociedad más vulnerable de la sociedad.

Cómo administra los equilibrios de poder entre capitales nacionales y capitales multinacionales en beneficio de la mayoría de la población y cómo instrumenta el proceso de modernización del sistema financiero y el uso de tecnologías de administración y pago electrónico y mejora la capacidad de recaudación del Estado sin construir un monstruo con enorme potencial autoritario y extorsivo desde las instituciones a cuyo cargo está el control del sistema.

Los promotores del proyecto, cuyo cinismo no tiene límites, sostienen que “una prueba” de la calidad del mismo es que la Asociación de Bancos lo criticó.

Pues como todos los argumentos anteriores, este además de superficial, (porque se puede estructurar comunicacionalmente un presunto conflicto para manipular incautos) es falso.

Lo que el Presidente de la Asociación de Bancos criticó fue un artículo que obligaba a los administradores de tarjetas de crédito y débito a informar a la DGI de todos los movimientos de los usuarios.

De suerte que si por ejemplo un grupo de tecnócratas estresado decide durante unos meses irse de juerga a locales de “strippers” nocturnos y el infortunado a cargo de pagar la cuenta de entre ellos habiéndose quedado sin dinero contado paga con tarjeta de crédito la DGI puede hacer un perfil de consumo del “bohemio” y algún personaje o grupo de personajes de matriz estalinista puede luego usar esa información contra alguien a quien por la razón que fuera desea demonizar o perjudicar.

Al estilo de lo que pretendieron hacer con Paco Casal al que le inventaron una deuda para poder extorsionarlo a efectos de sacarlo del mercado de la televisación del fútbol, que empresarialmente él desarrolló (nos agrade o no su estilo, aunque cada vez que ha tenido que tomar decisiones políticas lo ha hecho en un sentido de clase a favor de los postergados de la sociedad, que es de donde viene) para dárselo al grupo Clarín…

Naturalmente esta ironía del boliche de “strippers” oculta que ningún sector privilegiado de la sociedad va a estar sometido jamás a tales riesgos porque con unos cuantos miles de dólares abre en diez minutos una cuenta bancaria asociada a una tarjeta de crédito de elite en cualquier parte del mundo en un trámite por Internet y escapa así a los controles.

Quizá por ello los inteligentes autores del proyecto el artículo que criticó más que la Asociación de Bancos su Presidente, (un republicano atchugarrista) fue el único que modificaron (sacaron) de la ley antes de enviarla….

Así que para abrir un espacio de análisis de algunos otros aspectos de la transgresora iniciativa podemos señalar que este proyecto de ley además de poner en juego el modelo de modernización capitalista, si conducido por la política o no, si a favor de los intereses de la sociedad o de los bancos privados internacionales, si a favor de una corporación o de las cooperativas de ahorro y crédito y otras instituciones de capitales sociales y afiliación voluntaria, si trabaja en un sentido garantista de las libertades de los individuos o en un sentido peligrosamente autoritario (de concentración del poder en la órbita del Ministerio de Economía) si estimula la formación de bancos de datos con acceso garantizado a las personas o de bancos de datos restringidos al uso de los bancos…

Puedo seguir.

Pero parece que lo dicho es suficiente como para pedirles a los señores legisladores de la República Oriental del Uruguay que se tomen por lo menos un semestre para analizar este muy complejo proyecto de ley que tantas cosas pone en juego.

(Continuará)

GB

Bancarización y concentración del poder.


Capítulo III

Las sociedades, así como los individuos, tienen la particularidad de que aceptan gustosamente vivir bien.
Parece que los perros y los delfines y todas las especies tienen ese rasgo en común.
Los neurobiólogos creen que tiene relación con la forma en que el cerebro va acumulando culturalmente memoria adaptativa de lo que nos resulta agradable y lo que nos desagrada. Y preferimos lo que nos da placer.

Los empresarios versátiles, y los banqueros suelen serlo especialmente, tienen “capital humano” costosamente preparado para trabajar con esta característica del comportamiento humano.
Y tienen, para lidiar con otra fenómeno no tan básico, pero igualmente humano, tecnologías y grupos preparados para anticipar el riesgo de no pago de quienes contraen un crédito.

El proyecto de Ley superficialmente denominado de “inclusión financiera” que analiza el parlamento uruguayo (y que se está analizando en estos apuntes) dispone jurídicamente que las instituciones financieras de capitales internacionales tengan prioridad por sobre las Cooperativas de Ahorro y Crédito, (capital social de los uruguayos) en el cobro de los créditos de nómina.

Es decir en el cobro de las cuotas de los créditos que se asignan en relación con el salario o las pasividades de los ciudadanos obligados por esta iniciativa a tener una cuenta bancaria donde se le depositará ese salario o pasividad.

Subrayemos esto, no pone en pie de igualdad a las cooperativas de ahorro y crédito con los bancos privados internacionales, privilegia a estos últimos que se cobrarán primero las cuotas de los créditos concedidos en función de los ingresos de trabajadores y pasivos.

Desde hace ya unos cuantos años, las cooperativas vienen adaptándose con dificultades a un escenario de competencia con las empresas de intermediación financiera, que abonan peores salarios y que pertenecen varias de ellas, las que más invierten en publicidad naturalmente, a los bancos.

Esta ley pretende que las cooperativas compitan con gigantes. Es decir, las cierra por disposición legal. Y el argumento es que parece que algunas de las empresas de intermediación financiera que utilizan el prestigio de las cooperativas, se dicen cooperativas y no lo son, se lava dinero…

La Auditoría Interna de la Nación, que tiene que fiscalizar y evitar esas prácticas, ha estado muy ocupada en intervenir a favor de unos actores y en perjuicio de otros digamos por ahora que por “amistad política”, de suerte que se ve que no ha podido ocuparse de controlar el lavado de dinero junto a la Dirección Anti - lavado de activos que el Estado creó para tal fin hace ya muchos años.

Capaz que hay amigos lavando dinero y por eso a la AIN no le ha dado el tiempo.

Pero no nos anticipemos.

Decíamos antes que las sociedades, así como los individuos, tienen la particularidad de que aceptan gustosamente vivir bien, y que los neurobiólogos creen que tiene relación con la forma en que el cerebro va acumulando culturalmente memoria adaptativa de lo que nos resulta agradable y lo que nos desagrada. Y preferimos lo que nos da placer. (Recomiendo leer la obra de Jean – Pierre Changeux sobre el desarrollo del cerebro humano. Se titula Sobre lo verdadero, lo bello y el bien)

Cuando un individuo accede a servicios con los cuales antes no contaba, de tal suerte, va a aspirar a “sentirse bien”.

El capitalismo ya se sabe, ha aprendido a lo largo de los últimos doscientos años a manipular muy bien a su favor esta característica de lo humano.

Los defensores del proyecto de ley de “inclusión financiera”, (que apenas comenzamos a analizar) sostienen que la gente va a poder elegir dónde el trabajador y el pasivo tendrán la cuenta obligatoria y presentan esa “libertad” como un beneficio para los ciudadanos de la República.

En realidad los ciudadanos “incluidos” no dispondrán naturalmente de ninguna libertad de ninguna naturaleza.

Lo que ocurrirá, lo que siempre ocurre, lo que ya ha ocurrido con los ciudadanos que cobran sus salarios por cajero electrónico en cuentas de nómina (que no quiere decir más que la lista de trabajadores formales) es que las empresas para las cuales trabajan se ocuparán de elegir un banco de plaza, el que más comodidades les ofrezca por cercanía o por costumbre.

Luego de un plazo de unos meses si la empresa no lo ha hecho el trabajador podrá decidir la institución en que se deposite su salario en una cuenta de nómina.

Una transgresión revolucionaria.

¿Qué Banco van a elegir las empresas o los trabajadores?

Jean – Pierre Changeux posiblemente opine que el que les de mayor prestigio, el que les resulta más agradable desde el punto de vista del trato que le dispensarán, esto es, el que mayores recursos disponga para ocuparse de esos nuevos clientes, el que mejor posicionado esté en el mercado del crédito al consumo en el momento de sancionarse la ley...

Concentración de Poder.

Ninguna democracia es capaz de administrar inteligentemente la lucha de facciones si sus elites no fragmentan política e institucionalmente el poder.

Esto es algo que no le preocupaba al absolutismo, y mucho menos al estalinismo.

La lucha de facciones descontroladas es el fin de la democracia, esto es, es el fin de la política.

Argentina es una muestra clara de este drama y por eso no despega, aunque tiene las riquezas y condiciones necesarias para ser una de las potencias del mundo.

“Entre el poder político y el poder religioso, la relación adecuada es la del compromiso común, a través de una delimitación de sus respectivas esferas”, opinaba el pragmático y conservador y el más lúcido (junto a Karl Schmitt) desafiante de la izquierda de todos los tiempos, Max Weber.

En el Siglo XXI Weber, reitero, el pragmático, (por eso su obra es sublime como análisis del capitalismo industrial desde el punto de vista de las clases privilegiadas) hubiese escrito posiblemente “Entre el poder político y el poder financiero”… etcétera.

Antes de morir, el general Líber Seregni dedicó todas sus energías a enseñarle a la izquierda uruguaya que como experiencia unitaria él creó de modo decisivo, que la política conduce a la economía.

Parece que algunos dirigentes Frente Amplio, demasiado ocupados en construir estructuras de poder para ellos mismos, aunque esgrimen discursos revolucionarios para justificarlo, lo han olvidado.

Como veremos en la próxima nota, el proyecto de Ley de Inclusión Financiera es parte de una casi grotesca construcción de poder incontrolado que inexorablemente si no se detiene erosionará gravemente el proyecto de transformación de la sociedad llamado Frente Amplio.

GB

Continuará.

Ley de “inclusión financiera”: el cangrejo debajo de la tarjeta.


Bancarización Capítulo II

El Ministerio de Economía de la República Oriental del Uruguay ha elaborado un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de que cada asalariado y pasivo reciba el dinero correspondiente a su trabajo o prestación social en una cuenta bancaria.

Asociada a la misma se le otorgará a cada ciudadano una tarjeta de crédito y otra de débito para que maneje los movimientos de dinero de modo electrónico.

El proyecto ha sido promovido recurriendo al concepto de “inclusión” financiera.

Todos los ciudadanos tendrán una tarjeta de crédito y de débito. Una verdadera revolución.

La inclusión social, o la democratización de la capacidad de acceder a servicios bancarios no es sin embargo algo que se logre mediante la aprobación de ley alguna.

Crear las condiciones para que los ciudadanos accedan a los servicios financieros como a cualquier otro servicio es el resultado de una política sistemática de transformación de la sociedad en la dirección de producir más y mejores niveles de igualdad política y económica entre los integrantes de una comunidad.

Todo ciudadano con capacidad de ahorro lo primero que hace es abrir una cuenta bancaria.

Lo que esta ley hace, por la forma en que está concebida, no es promover “inclusión” alguna, sino entregarle el negocio del crédito al consumo a los bancos privados, por su posición en el mercado en particular a uno, el Nuevo Banco Comercial y su empresa de intermediación financiera Pronto.

Esta ley además genera las condiciones de riesgo para que los asalariados y pasivos se endeuden por encima de sus posibilidades en manos de bancos privados o empresa de intermediación financiera que persiguen el lucro como objetivo ineludible para responder a sus accionistas.

Pues la ley no se contenta con ampliar el mercado de los usuarios de medios electrónicos para realizar todo tipo de transacciones comerciales, lo que podría resultar conveniente a los involucrados. La iniciativa le entrega el negocio del crédito al consumo a los bancos privados y elimina, de un plumazo y a la vez, por disposición legal, a las cooperativas de ahorro y crédito y a las de consumo.

Ya que esta afirmación es muy severa, veamos cómo lo hace.

Antes un apunte breve, porque los autores de la iniciativa, los integrantes del equipo económico del gobierno de izquierda de la República Oriental del Uruguay han sostenido frente a las críticas que la misma ha lógicamente propiciado lo siguiente:
“aquellos agentes que entiendan por dónde va el proceso tendrán la oportunidad de hacer más negocios: les va a ir bien, sean bancos, cooperativas, nuevos agentes o de la naturaleza jurídica que tengan las instituciones que puedan operar en estos nuevos mercados”.

Ahora sabemos gracias a estas esclarecidas declaraciones que las cooperativas tienen que contratar gente inteligente, (como ellos) para poder competir con los únicos agentes a los cuales la ley beneficia, los bancos privados, y en particular al nuevo Banco Comercial.

Ocurre que las cooperativas no tienen que hacer negocios, tienen que dar satisfacción y resolver necesidades de sus socios y de la comunidad.

Tienen que ser eficientes porque el dinero que manejan es un capital social, pero su objetivo no es el lucro y es por esa misma razón que hay que facilitarles su desarrollo, no bombardearlo.

Desde hace unos años además, entraron en fuerte competencia con las empresas de intermediación financiera que pagan menores salarios a sus trabajadores lo que las ha obligado a adaptarse a ese nuevo escenario de la única manera que pueden hacerlo, mejorando sustancialmente la calidad de los servicios que prestan.

Pero ya hablaremos de ello más adelante. Hay varios muy exitosos ejemplos de búsqueda de equilibrios entre el cooperativismo y el sistema bancario, como en Alemania o algunos países escandinavos donde se puede abrevar para ayudar a lograr la expansión de las nuevas tecnologías.

Vamos ahora que hemos sido esclarecidos por los integrantes del equipo económico sobre cómo evitar que esta ley liquide al cooperativismo a analizar en detalle por qué la iniciativa está hecha pura y exclusivamente para beneficiar a dos o tres bancos privados de capitales extranjeros.

La ley, que se denomina “disposiciones para fomentar la inclusión financiera y el uso de medios de pago electrónicos” establece la obligatoriedad de que las empresas y los institutos de seguridad social depositen los salarios y pasividades en cuentas bancarias denominadas de “nomina”, porque están asociadas a esas remuneraciones y prestaciones y que se le entregue a cada “beneficiario de ese privilegio” revolucionario una tarjeta de crédito y otra de débito.

Luego establece que las empresas bancarias que son las que extenderán esos medios de pago electrónicos (porque son los que poseen YA la tecnología y los recursos para hacerlo) podrán retener la cuota correspondiente al pago de los créditos que concedan directamente de las cuentas de nómina.

Y podrán hacerlo no en igualdad de condiciones con las instituciones que hasta ahora disponían de ese instrumento legal (exceptuando a instituciones del Estado las cooperativas) sino en primer lugar.

Expliquemos esto con toda claridad. Si un individuo toma un crédito para adquirir un electrodoméstico el banco que otorgó ese crédito se cobrará directamente del salario del trabajador y cobrará la cuota ANTES que otros agentes del mercado que virtualmente le hayan concedido un crédito al mismo individuo para adquirir por ejemplo los útiles escolares para sus hijos.

Como la misma ley dispone un límite, un porcentaje de los salarios y pasividades que pueden ser pasibles de ser descontados por este mecanismo el primero en cobrar tendrá niveles de mora menores a los de las otras instituciones. A corto plazo las cooperativas se verán imposibilitadas de otorgar créditos a quienes sabrán no tendrán capacidad de repago.

Eso es todo. Todo lo demás es hojarasca.

El Nuevo Banco Comercial y Pronto, (su empresa de intermediación financiera) es la institución que después del Banco de la República Oriental del Uruguay – que es del Estado- tiene la mayor red de agencias en todo el país.
Cuando la gente accede por vez primera a una institución financiera desea naturalmente tener cerca de su hogar o trabajo a la misma.

De tal suerte la única real competencia que esta ley estimula es entre el BROU y dos o tres bancos privados, en primer lugar el Nuevo Banco Comercial. A todos los demás agentes del sistema a corto o mediano plazo los desplaza.

Incluidas, a medida que la gente comience a utilizar los sistemas de administración de sus cuentas por Internet las Redes de Pago de cobro de facturas y giro que no se asocien o sean adquiridas por instituciones bancarias.

De suerte que además la ley promueve una fuerte concentración del sistema.

En mi opinión la ley si es aprobada tal y como fue concebida a mediano plazo también perjudicará al BROU pese a que otro “inteligente” de la misma tropa autora intelectual de la iniciativa, un gerente de esa institución, ha declarado que están listos para competir…

Como resultaba prioritario explicar este punto medular del proyecto hemos postergado otros análisis más interesantes desde el punto de vista político – cultural que la iniciativa estimula. Lo haremos en los próximos días.


Nota 1
Hay gente molesta con la severidad de las críticas a esta iniciativa. Deberían sin embargo indignarse con ellos mismos por dos razones: por no haber sabido poner límites a quienes en lugar de construir democracia utilizan instituciones del Estado para construir poder para ellos mismos (no reviste ninguna importancia el discurso con el cual pretendan justificarlo) y por no haber entendido la enormidad de lo que se pretende con este proyecto de ley indigno de la izquierda uruguaya.

Nota 2
Hay una ley de tarjetas de crédito elaborada por los diputados Mujica y Peña que bien harían los legisladores en sacar del cajón donde la instaló el boicot a la misma de parte del Ministerio de Economía aunque más no sea para realizar un análisis comparado entre esa iniciativa y esta que ahora se presentó.

Nota 3
En el capítulo 1 de estos apuntes sobre la ley de “inclusión financiera” se explicó por qué es falso que la misma contribuya en modo alguno a reducir las tasas de interés, en esta se demuestra por qué es falso que contribuya a estimular una mayor eficiencia en el marcado del crédito al consumo y por qué es cínico hablar de “inclusión financiera”. Pero se han utilizado más falsedades para justificar la ley. También nos ocuparemos de ello en próximas notas.

Continuará
GB

“Bancarización”: o el cinismo como cultura política.


Los desafíos de la izquierda de América del Sur en el Siglo XXI (Micropolítica I)

Lo que el proyecto de ley de “bancarización” que el Poder Ejecutivo de Uruguay remitió en octubre de 2013 al Poder Legislativo pone en juego es mucho y muy hondo. Es por esa razón que el análisis del mismo es incluido en estos apuntes titulados “Los Desafíos de la izquierda de América del Sur en el Siglo XXI”, “El Uruguay como modelo”, en el contexto de la serie MICROPOLÍTICA, dedicada a analizar aspectos contingentes del complejo arte de gobernar.
No obstante, se advierte al lector que algunos de los comentarios de esta sección responden a las urgencias de un debate político – cultural que serán depurados para su versión definitiva en libro.

Capítulo I

“Bancarización”: o el cinismo como cultura política.

El Poder Ejecutivo de Uruguay remitió recientemente al parlamento un proyecto de ley así titulado: DISPOSICIONES PARA FOMENTAR LA INCLUSIÓN FINANCIERA Y EL USO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRONICOS.

En sucesivas notas se analizarán aquí aspectos vinculados a la iniciativa y reflexiones de carácter político – cultural que la misma estimula a abordar.

No obstante, para ser claros desde el principio conviene señalar que el proyecto también denominado de “bancarización” está concebido para favorecer a dos o tres bancos privados de capitales internacionales de plaza, en particular, por su posición en el mercado del crédito al consumo al Scotiabank, (Nuevo Banco Comercial), propietario de Pronto, la empresa de intermediación financiera que más denuncias recibe en Defensa del Consumidor.

Para justificar el proyecto se esgrime una dosis muy ingeniosa de lugares comunes entre las cuales que contribuirá a reducir las tasas de interés.

El nivel de competencia entre instituciones del sistema financiero uruguayo es extremadamente alto. El proyecto de “bancarización” que el Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento, por ello, no será relevante en cuanto a la reducción de los intereses que se cobran en el país por el otorgamiento de créditos al consumo.
Mucho menos relevante, posiblemente nulo, será el efecto que tendrá el proyecto sobre los intereses de mora que cobran algunas instituciones de intermediación financiera que funcionan en lógica “prestamista” o directamente los prestamistas, y es todavía improbable que reduzca el número de personas que recurren a esas formas de financiación por no tener acceso a otras modalidades.

Ocurriría como hasta el presente, que una vez agotadas las formas de acceso al crédito en instituciones formales controladas recurran a esas modalidades donde ciertamente suelen ser esquilmados. No será está ley la que resuelva ese drama.

Las tasas de interés y los intereses de mora entonces, ambos seguirán moviéndose dentro de los parámetros que fija el Banco Central de Uruguay para las instituciones más controladas y estirarán el margen de maniobra legal aquellas que no están sometidas a controles tan rigurosos.

Las tasas de interés en Uruguay, como en cualquier otro país con mercados no superiores a decenas de millones de personas se establecen más por razones externas que como resultado de la oferta y la demanda, lo que no quiere decir que ésta no influya en un porcentaje de esas tasas de interés.

Aunque la iniciativa es extremadamente rica en contradicciones se comienza por aquí el análisis del proyecto puesto que de modo engañoso es lo que se presenta (así se hizo en el Consejo de Ministros) como su principal objetivo.
Lo que el proyecto denominado de bancarización según sus promotores del Ministerio de Economía se propone es extender el uso de sistemas de pago y débito electrónicos a toda la población económicamente activa, reducir el uso de dinero contado por parte de la población e impulsar la reducción de la evasión con estímulos tales como la baja del IVA para quienes pagan lo que consumen con tarjetas de crédito o debito asociadas directamente a las cuentas personales donde se depositarán obligatoriamente los salarios y pasividades.

Una vez que los ciudadanos accedan al sistema bancario, que éste comience a conocer sus hábitos y capacidad de consumo las instituciones estarán en condiciones de orientarlos en la utilización más intensa de sus servicios y estimularlos al consumo en tal o cual dirección así como a la utilización de otros productos.

La aprobación del proyecto no fomentará el ahorro, pese a que de modo más bien cínico la exposición de motivos le adjudica también esa intención.

Todo lo contrario, la aprobación del proyecto tal y como fue redactado empujará el endeudamiento por encima de sus posibilidades de los sectores más vulnerables de la población.

Según el discurso oficial el proyecto de bancarización pretende fomentar “la inclusión financiera” y el uso de medios de pago electrónicos.

“Un sistema financiero inclusivo permite alcanzar un mayor volumen de operaciones, generando así ganancias de eficiencia derivadas de las economías de escala que se producen” dice la exposición de motivos del proyecto ahora a consideración de la voluntad popular expresada en el Parlamento de la República.

Y ello es correcto. Es precisamente por esa razón que NO es necesario que el proyecto beneficie especialmente a dos o tres bancos privados de capitales internacionales además concediéndoles una prerrogativa que el Uruguay le había dado únicamente a las cooperativas de ahorro y crédito, al BROU, el Banco Hipotecario e instituciones similares como ANDA, precisamente para favorecer su desarrollo de modo de facilitarles la competencia con multinacionales que por escala y disponibilidad de recursos se encuentran en condiciones de crear un oligopolio en el mercado del crédito al consumo y otros servicios financieros.

Estudiado el proyecto es entendible ahora por qué ha habido una sistemática campaña de desprestigio contra el cooperativismo de ahorro y crédito y sus principales líderes, (no contra las empresas de intermediación financiera que utilizan el prestigio del cooperativismo sino contra las cooperativas de ahorro y crédito) utilizando incluso el MEF a través de la Auditoría Interna de la Nación procedimientos irregulares e ilegales que más adelante analizaremos. 

Como si lo anterior fuese poco, antes de continuar describiendo los rasgos principales del proyecto me parece pertinente señalar que todo el discurso ideológico con el que se pretende “empaquetar” la iniciativa, nunca mejor usado ese término, me parece un grave retroceso en la cultura política de la izquierda.

Ya veremos por qué. Adelanto no obstante que en mi opinión el sistema financiero y los mercados de acciones y bonos son una parte constitutiva de la economía capitalista y que cuando funcionan bien cumplen un rol importante en el desarrollo de modelos de ahorro, satisfacción de necesidades y estímulo al emprendedurismo de los individuos.

Se expresa esto porque no se seguirá aquí uno de esos discursos especializados en demonizar algo, una institución, una nación, una idea, un conjunto de acontecimientos, frecuentemente para evitarse el esfuerzo de analizar la complejidad de los fenómenos históricos y sus causas profundas.

Esa lógica de la demonización perturba siempre la capacidad de enfrentar los más graves dilemas que para alcanzar el fin de la igualdad entre los hombres se presentan a la izquierda.

Lo que ocurre es que la “mimetización” con discursos propios de las clases privilegiadas de la sociedad derivan también en un retroceso en el proceso de transformación de la sociedad. Y eso es lo que, por decir lo menos, ocurre con este proyecto.

Ahora continuemos.

En su edición del 31 de octubre, el semanario Búsqueda informa que “los trabajadores y pasivos que perciban su remuneración o prestación a través de acreditación en cuenta en una institución de intermediación financiera podrán acordar con esa entidad el otorgamiento de un “crédito de nómina” y autorizar a su empleador, instituto de seguridad social o compañía de seguro a realizar el descuento legal sobre su salario o pasividad de las sumas necesarias para el pago de las cuotas respectivas” de ese denominado crédito de nómina.
Este es el corazón del proyecto.

Sigue explicando el semanario que “el proyecto fija ciertas limitaciones a este tipo de préstamos: que sea otorgado en la moneda en que la persona percibe la remuneración o prestación; que el valor de la cuota o la suma de las mismas (en caso de ser más de una) no supere el 20% de los haberes mensuales y que la tasa de interés implícita del crédito no supere en más de 10% la tasa media del mercado.

La iniciativa habilita a los bancos privados a dar estos créditos de nómina, facultad que hasta el presente tenían únicamente el BROU, las Cooperativas de Ahorro y Crédito (puesto que son las únicas que cuando el mercado atraviesa períodos de crisis o desaceleración económica están ahí para resolver necesidades de sus socios, como la adquisición de un medicamento por citar un caso extremo).

El proyecto, sintetiza también Búsqueda, establece un “mínimo intangible” que no podrá ser pasible de ser utilizado por ninguna institución financiera para cobrarse créditos de cualquier naturaleza. Establece que “ningún individuo podrá recibir por concepto de retribución salarial o pasividad una cantidad en efectivo inferior a 30% del monto nominal, deducidos impuestos y contribuciones especiales a la seguridad social. Ese porcentaje se elevará a 40% desde enero de 2015 y a 50% un año después.

Este es un asunto muy delicado porque el Estado se concede el derecho a disponer hasta cuánto dinero puede un trabajador disponer de su propio salario pero demos por bueno que la intención es loable: pretende evitar que el asalariado o el pasivo se endeude por encima de sus posibilidades de repago por lo menos mediante el uso de estos créditos de nómina. Naturalmente cuando el trabajador o el pasivo no puedan disponer de una parte de su salario o prestación para volver a solicitar un crédito porque han alcanzado un tope, si necesitan un remedio para un nieto van a recurrir a otras formas de obtención de dinero que es lo que el proyecto dice que quiere evitar que ocurra…

En fin, a vuelo de pájaro, para enunciar asuntos que serán tratados en próximos artículos es bueno indicar que el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo si es votado tal y como fue enviado (lo que me cuesta mucho creer) va a hacer un poquitín más ricos a los accionistas del Scotiabank (el de los aviones de PLUNA) y no va a resolver sustancialmente ningún asunto vinculado a la igualdad, ni siquiera en relación al acceso al crédito o la utilización de modernas tecnologías. Eso sí, quizá nos permita debatir asuntos tan delicados como cual es la diferencia entre poderes democráticos, poderes constituidos, poderes fácticos y poderes económicos; entre modernización capitalista y proyecto nacional de desarrollo, entre igualdad y consumismo… etcétera.

(Continuará en los próximos días)

GB
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